Pese al compromiso asumido, aún no se respetan derechos clave en discapacidad

Grupos de personas con discapacidades se reunieron en La Plata a analizar los avances y las deudas que ha dejado en nuestro país la firma del tratado mundial Por NICOLAS MALDONADO Cinco años después de que Argentina ratificara la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, muchos de los sueños que aquella decisión despertó en el sector siguen sin cumplirse aún. Principios básicos establecidos en ese tratado y que hoy tienen rango constitucional no pasan de ser en la mayoría de los casos una mera enunciación. Así lo sostienen al menos distintas organizaciones civiles que se reunieron el viernes en La Plata para analizar en qué medida nuestro país ha cumplido con el compromiso que asumió. “La realidad es que en estos cinco años ni una sola ley ha sido modificada para adecuarse a los derechos que establece la Convención”, resaltan las organizaciones al señalar que para ellas, “legislativamente nada cambió en nuestro país”. Y es que a pesar de tener hoy el derecho, las personas con discapacidades siguen sin poder acceder a un vida similar a la de todos los demás. No se ha instrumentado aún un sistema de educación inclusivo que les permita a los chicos con discapacidad asistir a las mismas escuelas que el resto de los chicos de su barrio, las ciudades continúan oponiéndoles grandes obstáculos para desplazarse, el sistema público de transporte mantiene una flota de vehículos inaccesibles, la Justicia sigue sin reconocerles a muchos de ellos el derecho a tomar sus propias decisiones y el Estado no les brinda el debido apoyo para que puedan llevar una vida independiente de su entorno familiar. “La realidad es que a los gobernadores, ministros e intendentes no les interesa en absoluto el tema discapacidad. No hay manera de llegar a ellos razonablemente. Y si bien existen funcionarios de segunda línea que tienen la voluntad de ayudarnos, no pueden hacer demasiado porque carecen de respaldo”, sostiene Elena Dal Bo, la presidente de la Asociación Azul y una de las impulsoras del encuentro desarrollado en el Centro Cultural Malvinas. Pese a todo, ninguna de las organizaciones que asistieron a la convocatoria deja de reconocer el enorme efecto que tuvo en otros planos la firma de la Convención. El ambiente entre las personas con discapacidades cambió por completo en estos pocos años: “se vive un clima de mucha menos opresión”, aseguran. Desde el momento que se sienten respaldados por derechos de gran peso, muchos manifiestan expectativas de vida que antes no tenían y, sobre todo, una mayor determinación de salir a reclamar”.. LAS DEUDAS PENDIENTES Acaso una de las realidades que mejor expresan el escaso efecto legislativo que ha tenido la Convención en Argentina está en el hecho de que muchas personas con discapacidades siguen siendo consideradas jurídicamente incapaces como hace más de cien años atrás. Y es que “si bien nuestra Constitución establece que todos tenemos los mismos derechos como personas, algunos estamos autorizados a ejercerlos y otros no. Históricamente las personas con alguna discapacidad intelectual, pero también los sordos y en algunos casos hasta los ciegos, han tenido que resignarse a que la Justicia les ponga curadores que decidan sobre su vida en su lugar”, explica Elena Dal Bo desde la Asociación Azul. Lo mismo señala Evelina Díaz, integrante de la Comisión de Discapacidad de la Facultad de Trabajo Social. “Las personas con discapacidad seguimos siendo jurídicamente incapaces. Ni siquiera el proyecto de reforma del Código Civil parece haber reparado en la necesidad de eliminar ese concepto que viene desde el siglo XIX y que es totalmente opuesto al espíritu de la Convención que nuestro país se comprometió a respetar”, dice. En este sentido, otra fuerte deuda es la de la educación inclusiva. Pese a que el tratado establece que todos los niños, niñas y adolescentes con discapacidad tienen derecho a educarse en la misma escuela donde van los demás niños de su comunidad, nuestro sistema educativo los envía mayormente a establecimientos de educación especial. “Por más que en los últimos años se ha ampliado un poco el criterio para que los chicos con discapacidad asistan a escuelas convencionales, si dejás abierto establecimientos de educación especial no hay una verdadera inclusión. No estamos en contra de la educación especial; tiene que seguir existiendo pero dentro de la escuela convencional”, explican en la Asociación Azul. Pero lo cierto es que tampoco la educación universitaria, un ámbito siempre de vanguardia en el reconocimiento de derechos, parece haber logrado aún una verdadera inclusión, según destacan desde Espacio por la Inclusión, un grupo de estudiantes con diversas discapacidades que le dan voz a los obstáculos que encuentran en la UNLP. “A pesar de que nuestra Universidad se ha declarado inclusiva, y eso es un paso muy importante, vemos que sigue sin tener presente la accesibilidad física en su desarrollo edilicio. La sede de Psicología, que es un edificio nuevo, tiene un escalón en todo su perímetro y las puertas no cumplen con el ancho mínimo para que pueda pasar una silla de ruedas. Pero las barreras no son sólo arquitectónicas; también de comunicación: falta que la información esté disponible en distintos formatos para personas con diversas formas de discapacidad”, cuentan Natalia Galante y Francisco Reguera desde Espacio por la Inclusión. “Si bien nuestra Constitución Nacional establece que todos tenemos los mismos derechos como personas, algunos estamos autorizados a ejercerlos y otros no Para Gerardo Burgos, integrante del Movimiento de Ciudadanos Autoconvocados “Tengo derecho a”, la falta de inclusión trasciende los ámbitos educativos para ser una deuda de la sociedad. “Si no nos ofrecen micros accesibles para que podamos llegar a todos los lugares donde necesitamos ir, desde hospitales y escuelas hasta centros de diversión, todo el resto no tiene sentido. No tiene sentido tener edificios con rampas o una universidad inclusiva si no podés siquiera llegar hasta ahí”, dice. LOS AVANCES Aunque en principio el panorama que registran a cinco años de subscripta la Convención parezca desalentador, las organizaciones de personas con discapacidades no parecen verlo así. “El hecho de que Argentina esté hoy comprometida por un tratado internacional y que uno pueda ir a la Justicia para hacerlo cumplir ha producido un interesante resquebrajamiento del status quo. El avance que no se ha logrado por la falta de reacción de la clase gobernante se está logrando por la propia presión que ejercen hoy las organizaciones civiles a nivel judicial”, entiende la presidenta de la Asociación Azul. “Cada vez se ve más gente y más grupos activos que están empezando a tomar conciencia de que tienen que luchar por sus derechos para que se cumplan y hoy tienen una herramienta legal muy fuerte de la que aferrase. Sin duda es un cambio muy positivo que le debemos a la firma de la Convención”, coincide Gerardo Burgos desde el Movimiento de Ciudadanos Autoconvocados. “La mayor participación de las personas con discapacidad es de una importancia crucial -dice también Natalia Galante, una de las referentes de Espacio por la Inclusión en la Universidad-. Las autoridades pueden dar respuesta a los obstáculos, pero si no está el estudiante que detecta la necesidad y se las hace notar es muy difícil que pueda cambiar algo. Resulta casi imposible lograr avances si los personas no se acercan y elevan su voz”, dice. Pero si bien es cierto que a fuerza de reclamar, las personas con discapacidades pueden acceder hoy una mayor inclusión, no así a una mayor equidad. “La realidad es que los derechos están y si uno pelea lo suficiente puede hacerlos cumplir -dice Elena Dal Bo-. Pero eso no cumple con una condición básica: la de la equidad. Los que gozan hoy de cierta inclusión son los que tienen algún recurso, ya sea vivir en un ciudad grande o contar con padres que los apoyan para ir a reclamar; en suma, los que son más capaces de persistir en el reclamo para salir del laberinto de trabas y obstáculos; y eso es una aberración”.