Resolución 1200: Entre el recorte y la manipulación

miércoles, 7 de noviembre de 2012 Argentina. Resolución 1200: Entre el recorte y la manipulación Prof. Juan Carlos Sánchez (especial para ARGENPRESS.info) La promulgación y posterior suspensión de la Resolución Nº 1.200/12 de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación constituye un hecho político significativo que ha sido desdeñado por los multimedios, pero que encierra una verdadera Espada de Damocles sobre las personas con discapacidad y quienes se encuentran incluidos en los diversos programas del Ministerio de Salud, los cuales tienen el objetivo de disminuir la cuantía de la población con discapacidad en nuestro país aunque aseguran la cobertura gratuita en diversas patologías, según la normativa vigente, tales como la diabetes o el HIV. En principio, está enmarcado en la pulseada eterna del Gobierno Nacional con los gremios oficialistas y opositores por el pago de los reintegros con motivo de prestaciones por discapacidad y por diversos programas nacionales mediante el Fondo Solidario de Redistribución, cuyo monto se encuentra en los $ 2.000 millones de pesos. Sin embargo, otras circunstancias rodearon también a esta norma hoy suspendida. Desde el pasado 5 de septiembre, se encuentra el proyecto de ley de transferencia del PROFE (Programa Federal de Salud) al PAMI (1) en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación que establece la transferencia de la cobertura médica y farmacológica de los beneficiarios de pensiones no contributivas otorgadas y a otorgarse con la intervención de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y que a la fecha fuesen atendidas a través de la Dirección Nacional de Prestaciones Médicas dependiente del Ministerio de Salud. Cabe recordar que buena parte de los beneficiarios de dichas prestaciones sociales son personas con discapacidad y el proyecto, en sus fundamentos, explica la principal razón para esta transferencia: "Los beneficiarios de las pensiones no contributivas pasaron a atenderse de hecho en el Sistema Público de Salud, en calidad de ciudadano sin cobertura, ya sea para la atención en cualquiera de los tres niveles o para la realización de los estudios complementarios. En el caso de las prestaciones farmacológicas, el encontrar la farmacia adherida resulta más complejo que ubicar una aguja en un pajar" y con respecto a los costos, agrega: "el presupuesto nacional para el ejercicio 2012, prevé para la atención de los 941.816 beneficiarios del programa la suma de 1.652.836.618,00 pesos, dando un promedio por afiliado de más de 1.750 pesos anuales, esto es aproximadamente 146 pesos mensuales" mientras que, según lo informado por el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, "el INSSJyP tiene un costo medio de atención por afiliado de 448,25, pero el costo de la cápita para todos los niveles de atención es de 115,62 pesos mensuales al 01/12/2011". Como se puede advertir, la diferencia entre ambos es sustancial a nivel de costos medios, pero el servicio brindado por PROFE hace tiempo que se aleja de las verdaderas necesidades de sus beneficiarios. Luciano Di Césare, interventor del PAMI, fue denunciado por varias organizaciones como el autor intelectual de la Resolución Nº 1.200 de la Superintendencia de Salud de la Nación pues es conocido que pretende quitarle los recursos a las Obras Sociales. Por otro lado, la mayor obra social del país fue denunciada por no reconocer los valores de las prestaciones fijadas por el Ministerio de Salud en el Nomenclador del Sistema Único, abonando discrecionalmente valores inferiores, rompiendo la cadena de pagos y colocando a las prestadoras de servicios en situación crítica, quienes se ven impedidos de continuar con su actividad. Si se incorpora PROFE al PAMI, se ampliaría la cantidad de beneficiarios; entre ellos, con discapacidad, lo que provocaría un inmediato incremento en las prestaciones a contratar y reafirmando su primacía como Obra Social. De allí, la preocupación del interventor Di Césare en el intento de "equilibrar" las cuentas. Al igual que en los ' 90, aparece la relación costo - beneficio en las cuestiones socio - sanitarias. El recorte La Resolución Nº 1.200/12 pretendió suprimir el sistema implementado en su momento por la Administración de Programas Especiales (APE), que dependía de la Secretaría de Políticas Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación y que fuese luego absorbida por la Superintendencia de Salud de la Nación, de acuerdo a lo establecido por el Decreto Nº 1198/12. (2) Mediante limitaciones temporales a los reintegros y estableciendo un Sistema Único de Reintegros (SUR) basado en la disponibilidad presupuestaria y en las razones de oportunidad, mérito y conveniencia, se supeditaba el otorgamiento a la mera discrecionalidad del organismo dirigido por Liliana Korenfeld. Sin embargo, esta norma tiene aristas preocupantes, tales como la calificación de enfermedades catastróficas a aquellas de baja incidencia y alto impacto económico, como si la discapacidad fuese un terremoto o un incendio. Olvida que muchas de las patologías son genéticas y otras, son adquiridas por la ausencia de una política preventiva en salud como también de causas socioeconómicas; es decir, por la indigencia y la pobreza de vastos sectores populares. Por otro lado, estableció valores arancelarios para diferentes prestaciones. Por ejemplo, una bomba de insulina para diabetes lábil tiene una cobertura de $ 40.000 o un módulo de seguimiento de paciente de HIV, $ 500, ambos cubiertos por los respectivos Programas Nacionales. Con respecto a la discapacidad, nos encontramos con la cobertura de atención ambulatoria en institución especializada (Centro de Día) en Jornada Simple (4 horas) y Jornada Doble (8 horas), con un arancel de $ 3.800 que se incrementa a $ 5.130 en el caso de personas con dependencia total y que, en caso de traslado, pueden adicionarse $ 2.800. Ahora bien, ¿qué pasa si la Superintendencia de Servicios de Salud alega razones presupuestarias o de orden discrecional para otorgar un monto menor?. La Obra Social Sindical debería cubrir la diferencia, con el ya conocido desfasaje financiero entre la presentación de la solicitud y el pago del reintegro, lo cual pretenderá ser trasladado al afiliado con discapacidad o su familia. Ello violenta lo establecido en la Ley Nacional Nº 24.901 (3) y en las diferentes leyes que sustentan la actividad de los programas nacionales en vigencia. Con respecto a la medicación, también existen valores establecidos para diferentes drogas pero llama la atención, por ejemplo, la existencia de laboratorios tales como Novartis, principal proveedor de PAMI o Baxter, proveedora de insumos para transplantados, que tiene una importante presencia en el Hospital Garrahan al igual que Fundación La Nación... Desde luego, puede llegarse a una igual problemática que la anterior. Los reclamos Como habíamos mencionado, los gremios oficialistas, de Antonio Caló y opositores, enrolados en el moyanismo vienen reclamando por el pago de los reintegros adeudados. Pero otra cuestión los está preocupando, y mucho, debido a que la norma suspendida propiciaba que las Obras Sociales Sindicales iban a ser las únicas responsables de la cobertura y de esa forma, el Estado Nacional quedaba indemne, en principio, de ser objeto de acciones judiciales con motivo de la falta de cobertura que pudiesen presentar las personas con discapacidad. Algo similar pasaba cuando aún existía la Administración de Programas Especiales (APE), pero ello se enfatizó en la resolución cuestionada. Pero quienes también tuvieron sus motivos fueron los prestadores de los servicios destinados a las personas con discapacidad. Además de la falta de pago por parte de las Obras Sociales Sindicales, la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación viene demorando la inscripción en el Registro Nacional de Prestadores a algunos de ellos, impidiendo la cobranza de los servicios prestados. Al trascender la sanción de la mencionada Resolución, los primeros en reclamar fueron los gremios vinculados al kirchnerismo y posteriormente, los ligados a Hugo Moyano. Sin embargo, un viejo actor volvería a hacerse presente como en el 2001: El Foro Pro. Llamado pomposamente como Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, fue fundado el 7 de agosto de 1997 por la Comisión para las Personas con discapacidad de la Arquidiócesis de Buenos Aires, Asociación Civil Pequeña Obra de la Divina Providencia (Obra “Don Orione”), Federación Argentina de Entidades Pro Atención al Deficiente Intelectual (FENDIM), Asociación Ayuda al Ciego (ASAC), Asociación para la Lucha contra la Parálisis Infantil (A.L.P.I.) y la Asociación Argentina de Lucha Contra la Enfermedad Fibroquística del Páncreas (FIPAN), entre otras. Posteriormente, se unieron la AIEPESA (Asociación de Institutos Educativos Especiales); que integra la Junta Coordinadora de Asociaciones de la Enseñanza Privada de la República Argentina (COORDIEP) y el Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS), organización que se denominaba Cámara Argentina de Instituciones para Discapacitados en 2003. Este conjunto de organizaciones, liderado por el Padre Pablo Molero, de la Arquidiócesis de Buenos Aires, fue la que organizó la Marcha de las Sillas Vacías en abril de 2001, logrando que fueran recibidos por el entonces Presidente Fernando de la Rúa, para denunciar la "inacción estatal". Un eufemismo para ocultar sus verdaderas intenciones: el incremento de los valores de los aranceles del Nomenclador Nacional para las prestaciones que realizaban cada una de ellas. Desde 2002 y hasta 2004, iban realizando sucesivas manifestaciones hasta que el kirchnerismo logró su cooptación a través de su inclusión en lugares claves de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS). Uno de los que accedieron, y aún permanece, es el líder del Foro Pro... De esta forma, el Gobierno Nacional lograba contener las pretensiones de este grupo de organizaciones que, tan sólo, busca su propio beneficio como ocurre en la actualidad. La manipulación Las Sillas Vacías marcaron un punto de inflexión, pero también reveló la indudable manipulación a quienes debían asistir mediante sus servicios. Al punto tal, que lograron que numerosas personas con discapacidad y sus familias interpusieran amparos judiciales contra el Estado Nacional en una seguidilla que comenzó en 2001 y se prolongaría hasta el 2003, con el patrocinio de letrados patrocinantes afines al Foro Pro. Bajo la amenaza de quedarse sin sus prestaciones, fueron obligados a la presentación de dichas acciones judiciales pero también a través de la mentira, por cuanto no estaban en peligro sus necesidades sino las de los integrantes del Foro; es decir, los prestadores... La marcha del pasado 30 de octubre pasado fue otra muestra de la manipulación organizada por la Obra Don Orione y que, no por casualidad, no fue liderada por el Padre Molero. Al igual que el 8N, fue convocada a través de las redes sociales y luego trascendió a la prensa. Convocaron a cerca de 5.000 personas, en una marcha similar a la de los Pro - Vida, grupos que también están vinculados a estas organizaciones y que suelen interponer acciones judiciales contra el aborto de jóvenes con discapacidad mental, tal como ocurrió en las provincias de Entre Ríos y Mendoza, provocado en el seno intrafamiliar. Queda claro que la Iglesia busca ocupar todos los espacios posibles. Ya ocupa una porción sustancial de la Educación Privada, pero también acontece lo mismo con las prestaciones por discapacidad junto con la ayuda del resto de las organizaciones. Lo que viene. Hace pocos días, se anunció que saldría una resolución conjunta de la CONADIS y de la Superintendencia de Salud de la Nación. Previamente, la titular del organismo regulador de la actividad de las Obras Sociales Sindicales, Liliana Korenfeld, no tuvo más remedio que dar a conocer que no se modificaría el sistema de las prestaciones por discapacidad. Pero ello no extraña. Nuevamente, el Padre Molero en las sombras, dentro de CONADIS, volverá a tomar las riendas de la negociación con los prestadores mientras los gremios siguen reclamando por el pago de los reintegros adeudados. Sin embargo, no se advierten soluciones de fondo. En realidad, continuarán sustanciándose amparos contra las Obras Sociales Sindicales mientras no sea regularizado el pago por parte del Estado y es posible una nueva vuelta de tuerca que permita la restricción a dichos pagos en sede administrativa, lo que provocará una nueva catarata de amparos judiciales. Ocurre que la discapacidad es un gran negocio para pocos. Desde prestadores de servicios a grandes laboratorios de la industria farmacéutica, no se van a quedar quietos en la defensa de sus intereses. Mientras tanto, las personas con discapacidad y sus familias son los verdaderos rehenes de esta situación. Es posible que la Resolución Nº 1.200 sea modificada, eliminando las aristas más problemáticas para los prestadores pero la decisión está tomada: las Obras Sociales Sindicales deberán seguir esperando para cobrar. Y las personas con discapacidad que no tengan recursos para acceder a la justicia, también... Sin dudas, una muestra más que el capitalismo mata... Junto a la Iglesia, vieja cómplice del capital y de las organizaciones que se mueven a su amparo, y protegidas por el mismo Estado... Notas: 1) Expediente 6230 - D - 2012 2) http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/200000-204999/202779/norma.htm 3) Establece la cobertura total de las prestaciones socio - sanitarias para las personas con discapacidad.