Nuevo planteo para la ley electoral

Neuquén > Mientras se discute cómo se implementará el voto optativo en la ciudad y si se debe realizar o no una enmienda o reforma constitucional para ponerlo en marcha en la provincia, desde la Coalición Cívica-ARI se advirtió ayer que la vieja Ley 165 -o Ley Electoral- restringe en su articulado la posibilidad de que personas con discapacidad se puedan presentar como candidatas. Desde el espacio se adelantó que se avanzará en un proyecto para reformar la normativa, que a pesar del paso del tiempo nunca fue modificada. “La discapacidad provoca limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Aun así, hay personas que se esfuerzan para superarse y avanzan exitosamente”, planteó Karina Montecinos, referente del ARI y tercera candidata a concejal de la lista espejo que llevará la fuerza junto a la UCR y a Nuevo Compromiso Neuquino. Montecinos planteó que, desde esa visión, “la persona con discapacidad es más que su propia realidad con limitaciones” y que “es importante ampliar la posibilidad de representar a otros, incorporándola en forma definitiva a la vida social sin limitaciones”. El artículo que se pretende modificar es el 58, en donde están contempladas todas las limitaciones para presentar una candidatura. Por ejemplo, están imposibilitados “los eclesiásticos regulares, el jefe y comisarios de Policía, los jefes, oficiales o suboficiales de las tres armas de guerra que estuvieran en actividad”, entre otros. También “los enjuiciados contra quienes exista prisión preventiva, los fallidos declarados culpables y los afectados de imposibilidad física o mental”. Esto último es lo que se cuestionó ayer desde la CC-ARI y se intentará cambiar a través de un proyecto de ley que se presentará en las próximas horas en la Legislatura. Según estimó el concejal y ex defensor del pueblo Juan José Dutto, el artículo “es realmente acrónico frente a la realidad de nuestra sociedad y los avances en materia de inclusión” de los últimos años. La referencia tiene que ver con que desde la Constitución Nacional a los tratados internacionales condenan este tipo de limitaciones por considerarlas actos discriminatorios.